La Diputación de Lugo debatió en un pleno extraordinario una moción del Grupo Provincial Popular sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la adquisición de una acción de Tragsa y las encomiendas posteriores. Pilar García Porto, portavoz del gobierno provincial, afirmó que el fallo «non anula os encargos realizados nin impide que a Deputación continúe traballando con TRAGSA», y lo enmarcó en una cuestión formal sobre el órgano que debía adoptar la decisión inicial.
Según expuso García Porto, esa circunstancia se habría subsanado con la ratificación plenaria de abril de 2022, y añadió que un recurso presentado por el PP contra ese acuerdo fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, sin que, según indicó, se presentara ulterior recurso. La portavoz del gobierno provincial también aludió a informes económicos y jurídicos solicitados al inicio del mandato y señaló que la situación laboral vinculada al servicio está pendiente de un procedimiento en el Juzgado de lo Social número 1 de Lugo, por lo que consideró «prudente e responsable» no adoptar decisiones políticas mientras no haya resolución.
Desde el Grupo Provincial Popular, Antonio Ameijide lamentó que Carmela López no apoyara la moción para «acatar a sentenza do Tribunal Supremo e reincorporar ao cadro de persoal da Deputación aos 16 traballadores que enviaron a Tragsa», y sostuvo que el alto tribunal declaró ilegal la operación y los acuerdos posteriores. El PP defendía, según su nota, dar por finalizados los encargos vigentes, asumir la gestión directa del mantenimiento de zonas verdes con medios propios y subrogar al personal afectado, mientras el gobierno provincial rechazó la propuesta con los votos de PSdeG y BNG.
