La institución provincial renueva su convenio con el Colexio de Avogados, con un programa que ofrece consultas semanales y asesoramiento especializado sobre derechos, sanciones, justicia gratuita y procedimientos judiciales a las personas internas en ambos centros penitenciarios.
La Deputación de Lugo y el Colexio de Avogados de Lugo mantendrán durante este año el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, dirigido a atender las consultas legales de las personas internas en los centros de Bonxe y Monterroso.
La institución provincial aporta 12.000 euros para financiar el programa, una cantidad que representa más del 80% de su presupuesto total, situado en torno a los 14.500 euros. El convenio permitirá cubrir los desplazamientos hasta las prisiones, la formación específica de los profesionales participantes y la compensación por el asesoramiento prestado.
El deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández, conoció el funcionamiento del servicio durante un encuentro con el decano del Colexio de Avogados de Lugo, Xosé Manuel Fernández Varela, y otros representantes de la entidad, para tratar este convenio a través del cual “garantimos o acceso á xustiza das persoas internas, permitíndolles ter orientación e apoio xurídico en cuestións relacionadas cos seus dereitos, coa súa situación penitenciaria e cos procedementos nos que estean inmersas”, señaló Fernández.
El servicio está integrado por abogados y abogadas que reciben previamente formación especializada. La atención se organiza mediante turnos semanales, con consultas presenciales en uno de los centros penitenciarios y asistencia telemática para el otro cuando las condiciones lo permiten. Entre sus funciones se encuentra informar a las personas internas sobre sus derechos, orientarlas ante posibles sanciones penitenciarias o restricciones, colaborar en la tramitación de solicitudes de justicia gratuita y coordinarse con los letrados particulares o de oficio responsables de su defensa. El Colexio de Avogados de Lugo se encarga de organizar los turnos, formar a los profesionales y mantener la interlocución con las prisiones para trasladar las consultas y peticiones de asesoramiento.
La colaboración busca dar continuidad a un recurso destinado a un colectivo especialmente vulnerable y facilitar que las personas privadas de libertad puedan conocer y ejercer sus derechos con apoyo profesional.
