El Partido Popular de Lugo reunió en Vilalba a sus alcaldes, portavoces y representantes de Terra Chá, Meira y A Mariña, en el último encuentro de trabajo del curso político antes del periodo estival. La presidenta provincial, Elena Candia, aprovechó la cita para reconocer la actividad desarrollada por los gobiernos locales populares y el trabajo de fiscalización de los grupos que ejercen la oposición en sus respectivos concellos.
Según los datos expuestos por la formación, alrededor del 65% de la población de la provincia reside actualmente en municipios gobernados por alcaldes o alcaldesas del PP. Candia sostuvo que esta implantación convierte a su partido en la principal referencia municipal del territorio. La dirigente popular puso como ejemplos la gestión desarrollada en Viveiro y O Valadouro, dos municipios en los que el partido recuperó las alcaldías en las últimas elecciones locales. También pidió a los representantes de la formación que mantengan la coordinación y el trabajo conjunto de cara a los comicios municipales de 2027.
La denuncia contra el alcalde de Muras
Una parte destacada del encuentro estuvo dedicada a la situación política de Muras. Candia valoró la labor de la portavoz municipal del PP, Eugenia Requeijo, después de que su grupo presentase una denuncia contra el alcalde, Manuel Requeijo, por un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada.
Los populares sostienen que el Concello habría abonado durante la última década facturas por servicios de asesoramiento y representación jurídica mediante contratos menores reiterados. La denuncia cifra esos pagos en torno a los 387.000 euros y señala a dos sociedades que, según el PP, están vinculadas entre sí y relacionadas con personas próximas al BNG. El partido afirma además que algunos pagos se realizaron después de que el alcalde levantase reparos formulados por Intervención y considera que pudo producirse un fraccionamiento de los servicios para evitar procedimientos de contratación abiertos.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por el PP y deberán ser examinadas por la Justicia, sin que por el momento exista una resolución que determine la existencia de responsabilidades penales. El BNG ha rechazado las acusaciones y ha expresado públicamente su apoyo al alcalde. Su portavoz nacional, Ana Pontón, calificó la denuncia de “cacería política” y defendió que responde a la posición mantenida por el Gobierno municipal frente a los intereses de las empresas eléctricas.
Durante la reunión de Vilalba, el PP insistió en que los vecinos de Muras deben conocer cómo se contrataron estos servicios y reclamó explicaciones al Gobierno local y al BNG. Candia cerró el encuentro llamando a “traballar dende a unidade” y atribuyó la presencia municipal de la formación al esfuerzo de los alcaldes, portavoces y equipos locales. El objetivo, señaló, será ampliar ese respaldo en las próximas elecciones municipales.
