El Concello de Vilalba ha dado un paso para garantizar la justicia fiscal y la defensa de los intereses vecinales. Tras detectarse una posible alteración en los datos de facturación presentados por las compañías eléctricas —base sobre la que se calcula la tasa por el uso del dominio público local—, el gobierno municipal ha contratado una empresa especializada que elaborará un estudio para comprobar si existe fraude. Según el Concello, esta situación podría suponer una merma en la recaudación de más de 300.000 euros.
El contrato firmado asciende a 17.984 euros, pero el pago solo se efectuará en el caso de que el Concello logre recuperar la totalidad de la cantidad prevista. Además, si la recaudación efectiva fuese inferior al 25% de la estimación inicial, se aplicará una regla de proporcionalidad para abonar únicamente la parte correspondiente. De este modo, el estudio no supondrá ningún coste directo para las arcas municipales.
La alcaldesa, Marta Rouco, subrayó que esta iniciativa «amosa a vontade do goberno local de non deixar pasar nin un euro que pertenza ao pobo de Vilalba» y añadió que «seremos firmes coa defensa dos intereses da veciñanza fronte ás grandes compañías que se benefician do noso territorio».
