El Partido Popular de Lugo aseguró que la decisión de no prorrogar el contrato del transporte público urbano con la actual concesionaria no respondió a una iniciativa del gobierno local, sino a la comunicación previa de la empresa sobre su falta de interés en continuar. Los populares sostienen que Rubén Arroxo, portavoz del BNG y responsable del área de movilidad en el Concello, disponía desde el 10 de diciembre de esa notificación y que, por tanto, se trató de una «decisión obrigada» y no de una elección política del ejecutivo municipal.
El grupo popular vinculó esta valoración a la situación general del servicio y señaló que el propio Plan de Mobilidade recoge la necesidad de introducir cambios en el modelo actual. Según expuso, el transporte urbano tuvo en 2024 un coste próximo a 2,7 millones de euros, frente a una recaudación por billetes de unos 175.000 euros, y añadió que, de acuerdo con el PMUS, solo el 4,8 por ciento de los desplazamientos en Lugo se realizan en transporte público. El PP también aludió a quejas relacionadas con «atrasos constantes; frecuencias insuficientes; falta de información ou problemas accesibilidade».
A partir de ese diagnóstico, el Partido Popular presentó un decálogo de propuestas para la red de autobuses urbanos. Entre las medidas planteadas figuran la recuperación de antiguas líneas, la integración del servicio en Google Maps, la creación de una aplicación móvil, la puesta en funcionamiento de paneles informativos en paradas, mejoras en accesibilidad, el pago con tarjeta, bonificaciones para determinados colectivos y la incorporación de vehículos más sostenibles, además de actuaciones vinculadas a las condiciones laborales de la plantilla.
