El futuro de la parcela del antiguo colegio del Sagrado Corazón ha abierto un nuevo enfrentamiento político en Lugo. El Gobierno local niega que exista un convenio firmado sobre estos terrenos y acusa al portavoz municipal del PSOE, Miguel Fernández, de confundir un acuerdo político previo con un documento administrativo formal. La respuesta llega después de que los socialistas reprochasen a la Xunta que pretenda limitar su actuación al espacio necesario para construir el centro sanitario.
El paso administrativo más reciente se produjo este jueves, cuando el Concello firmó a las 10.00 horas el acta de expropiación y pasó a ser propietario de las instalaciones. La parcela del antiguo colegio supera los 5.600 metros cuadrados y deberá albergar el nuevo centro de salud previsto para atender a cerca de 10.000 vecinos.
La documentación publicada tras la expropiación indica que los siguientes trámites serán inscribir la parcela y firmar el correspondiente convenio de colaboración y cesión de los terrenos al Servizo Galego de Saúde. Por tanto, el convenio formal todavía estaría pendiente, tal y como sostiene el actual Gobierno local.
Sí consta, sin embargo, un acuerdo institucional anunciado públicamente en mayo de 2025 por la Xunta y el anterior Gobierno municipal. En aquella comparecencia, Sanidade señaló que estaba dispuesta a asumir la titularidad de toda la parcela y parte del coste de las demoliciones, estimado entonces en 1,8 millones de euros. Concello y Xunta debían concretar posteriormente el reparto de los gastos de urbanización y accesos.
Miguel Fernández sostiene que aquel compromiso debe respetarse y reclama que la planificación abarque el conjunto de la parcela. «O Sagrado Corazón necesita o centro de saúde polo que tanto loitamos, pero precisa tamén unha escola infantil, un centro sociocultural e un centro de día», afirmó el portavoz socialista, que acusa a la alcaldesa de no exigir a la Xunta el cumplimiento del acuerdo anunciado en 2025.
El PSOE reivindica además la tramitación realizada durante el anterior mandato, cuando se aprobó inicialmente el expediente de expropiación y se abrió el período de información pública y alegaciones. Los socialistas cifran en más de 700.000 euros la inversión municipal necesaria para recuperar el terreno y consideran que la firma final del acta culmina un procedimiento iniciado bajo su gestión.
Frente a estas críticas, el Gobierno de Elena Candia pide al PSOE «que deixe traballar ao Concello» y asegura que no permitirá que se confunda a los vecinos con «estratexias políticas e cortiñas de fume». El Ejecutivo municipal defiende que su prioridad inmediata es facilitar la construcción del centro sanitario y señala que los restantes usos se estudiarán después, según las posibilidades técnicas del terreno y de acuerdo con los vecinos.
