Elena Candia, alcaldesa de Lugo, dio cuenta en el Comité de Seguridade e Saúde de una sentencia de la sección de lo social del Tribunal de Instancia que declara la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y a la salud de un trabajador del Parque de Bombeiros. El fallo condena al Concello a adoptar medidas correctoras en materia de prevención de riesgos laborales y a pagar 7.500 euros en concepto de indemnización por daños morales.
Candia calificó la resolución de «especialmente grave» y sostuvo que los incumplimientos advertidos por la Inspección de Trabajo no fueron corregidos por el anterior gobierno municipal pese a los requerimientos realizados. La alcaldesa señaló que la sentencia se refiere a deficiencias en cuestiones como la integración de la prevención de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva, la designación de recursos preventivos y la elaboración de procedimientos de trabajo, con un plazo máximo de 30 días para adoptar medidas correctoras.
Durante la reunión del Comité de Seguridade e Saúde se abordaron también otras cuestiones pendientes relacionadas con la seguridad laboral de los empleados municipales. El gobierno local indica que este órgano no se convocaba desde octubre de 2025 y enmarca esta resolución en un contexto más amplio de asuntos heredados, entre ellos otra sentencia que obliga al Concello a pagar más de 68.000 euros por una caída en la vía pública.
