El Grupo Provincial Popular anunció que solicitará formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario para que la Diputación de Lugo dé cumplimiento íntegro a una sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la compra de una acción de la empresa pública Tragsa por parte de la institución y los acuerdos posteriores vinculados a esa operación. Antonio Ameijide, portavoz provincial del PP, señaló que la resolución es «clara e firme» y defendió que el asunto «ten tal entidade» que requiere un debate urgente en el pleno.
Los populares sostienen que el cumplimiento de la sentencia implica, además de la nulidad de la adquisición y de los acuerdos posteriores, la subrogación de 16 trabajadores afectados en la Diputación de Lugo. Ameijide afirmó que «estes profesionais non poden ser as vítimas» e reclamó que «deben de ser reincorporados de inmediato á plantilla», al entender que su estabilidad y condiciones laborales deben quedar garantizadas tras el fallo.
El PP provincial enmarca su petición en la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los trabajadores y sus familias y asegura que la sentencia «pon límite ao abuso de poder» y sienta doctrina para otras administraciones. La formación también vincula el origen del conflicto a la compra de esa acción y a posteriores encargos a Tragsa, al considerar que se adoptaron sin procedimiento ordinario y sin pronunciamento del pleno.
