El Partido Popular de Lugo ha denunciado que varios ayuntamientos de la provincia están recibiendo liquidaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) en concepto de Tarifa de Utilización del Agua (TUA) por obras de abastecimiento, saneamiento y depuración ejecutadas al amparo de convenios firmados antes de mayo de 2023. La diputada en el Congreso Cristina Abades y el senador José Manuel Balseiro advierten de las consecuencias económicas que, a juicio del PP, tendrá para las administraciones locales la aplicación de estas tarifas. Los populares sostienen que los convenios originales no contemplaban esta carga y critican que ahora se pretenda mantener el cobro durante un periodo de 25 años.
Abades explica que “o Goberno está a xirar aos Concellos liquidacións -que, nalgúns casos, ascenden a contías considerables- en concepto de Tarifa de Utilización da Auga (TUA) por obras xa executadas de acordo a uns convenios anteriores ao 2023 que non contemplaban esta carga económica”. Desde el PP censuran así lo que califican como una “factura sorpresa” para los municipios, al considerar que estos pagos llegan años después de la firma de los acuerdos y de la ejecución de las actuaciones. Según añaden los populares, “os Concellos non podían telas previsto nos seus orzamentos porque non estaban previamente pactadas”.
Por su parte, Balseiro considera que “é un auténtico disparate que se pretenda agora cambiar as regras de xogo e obrigar aos municipios a afrontar unha taxa periódica durante os próximos 25 anos”. Ante esta situación, ambos representantes llevarán el asunto al Congreso y al Senado para solicitar explicaciones sobre los criterios utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para calcular la Tarifa de Utilización del Agua en cada caso. También preguntarán si los convenios firmados advertían expresamente a los municipios de la existencia de estos pagos posteriores.
Los representantes populares alertan además del precedente que, a su juicio, supone esta situación y defienden que “unha administración non pode modificar unilateralmente as condicións económicas dunha actuación cando esta xa está executada. Os convenios están para cumprilos e para ofrecer seguridade ás partes que os asinan, non para cambiar as condicións a posteriori”. El PP sostiene igualmente que estas cantidades tendrán consecuencias sobre las cuentas municipales, ya que “esta carga privará aos Concellos de dirixir eses fondos á prestación de servizos públicos da súa competencia aos seus veciños ou á realización doutras obras e proxectos”.
Los populares ponen sobre la mesa diferentes ejemplos de municipios lucenses afectados. Según comentan desde el Partido Popular, los datos que atribuyen a una respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a preguntas formuladas en el Congreso, para Sarria se ha aprobado en 2026 una cantidad superior a 51.000 euros en concepto de TUA por actuaciones de mejora del saneamiento y de la estación depuradora ejecutadas mediante un convenio firmado en 2019.
En Vilalba, la cantidad correspondiente a este año asciende a 48.000 euros por actuaciones de mejora del abastecimiento y saneamiento vinculadas a un convenio de 2022. En Pedrafita do Cebreiro supera los 30.700 euros por la rehabilitación del sistema de saneamiento del núcleo de O Cebreiro, también mediante un acuerdo suscrito en 2022. Para el Concello de Lugo, la cantidad supera los 16.500 euros por actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el río Rato, en el entorno de la glorieta de Serra de Meira, correspondientes a un convenio de 2021. En Meira, el importe supera los 12.000 euros por obras de saneamiento y depuración ejecutadas a través de un acuerdo firmado en 2020.
Las cantidades correspondientes a Monforte de Lemos para esta anualidad, relacionadas con actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración, superan los 88.000 euros, según los datos aportados por el PP. Los populares también señalan los casos de Xermade y Guitiriz. Ambos municipios ya recibieron el pasado año liquidaciones superiores a 8.000 y 7.000 euros, respectivamente, y para este ejercicio se han aprobado cantidades similares. Las actuaciones proceden de convenios firmados en 2021, en el caso de Xermade, y en 2022, en el de Guitiriz.
El PP se detiene especialmente en la situación de Baralla y Folgoso do Courel. En el primero de los municipios, asegura que la Confederación reclama en 2026 cerca de 4.700 euros por la Tarifa de Utilización del Agua vinculada a la construcción de un azud desmontable en el río Neira. El convenio, firmado en 2020, establecía una financiación del 80% por parte de la Confederación y del 20% por parte del Concello. Según los populares, la aportación municipal ya fue liquidada y en aquel momento no figuraba la obligación de asumir esta nueva tarifa.
En Folgoso do Courel, las obras de saneamiento del núcleo de Sobredo fueron financiadas íntegramente por la Confederación. El PP asegura que ni en el convenio firmado en 2018 ni cuando se ejecutó la actuación estaba prevista esta carga económica. Para 2026 se habría aprobado ahora una cantidad cercana a los 4.500 euros, dentro de una tarifa periódica que se prolongaría durante 25 años.
Según recoge el PP, el propio Concello señaló en sus alegaciones que, de haber conocido cuando firmó el convenio que tendría que afrontar posteriormente esta obligación durante 25 años, no habría aceptado el acuerdo ni ejecutado la actuación. Ante esta situación, los populares reclaman al Gobierno de España que rectifique y respete los compromisos adquiridos con los municipios. “Se unha taxa non estaba prevista cando se asinou o convenio e se executou a obra, o que non se pode facer é inventar agora unha factura para os próximos 25 anos. Os Concellos cumpriron a súa parte e o Goberno debe cumprir a súa”, concluyen.
