El PP cifra en casi 17 millones la factura de la tasa del agua a los concellos de Lugo
El Partido Popular de Lugo amplía el alcance de la denuncia realizada sobre los planes del Gobierno de Sánchez para "facer caixa a costa dos municipios lucenses" mediante la imposición retroactiva de la Tarifa de Utilización del Agua (TUA).
Tras un análisis detallado de los convenios firmados antes de mayo de 2023 con entidades locales para obras de abastecimiento, saneamiento y depuración, los populares calculan que el importe total que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil pretende cobrar a las arcas municipales de la provincia se acerca a los 17 millones de euros a lo largo de los 25 años durante los que pretende extender esta liquidación.
La diputada en el Congreso, Cristina Abades, y el senador, José Manuel Balseiro, recuerdan que estos pagos se derivan de convenios anteriores a la aprobación de la normativa de mayo de 2023 sobre recuperación de costes. Se trata de acuerdos en los que los municipios ya habían asumido la parte que les correspondía y en los que "en ningún momento se informou nin se recolleu a obriga de pagar unha taxa periódica durante o próximo cuarto de século".
Los representantes lucenses en el Congreso y el Senado destacan que esta estimación de 17 millones de euros se refiere únicamente a los ayuntamientos afectados por la cuenca del Miño-Sil. A esta cantidad habrá que añadirle el impacto económico correspondiente a las obras ejecutadas en la zona norte de la provincia, pendientes del desglose y de las liquidaciones que traslade la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
«Estamos ante un sablazo fiscal sen precedentes para as arcas locais. Reclamar aos concellos unha factura global que roza os 17 millóns de euros por obras xa executadas e con convenios pechados é cambiar as regras do xogo pola porta de atrás e asfixiar o orzamento municipal, impedindo aos alcaldes investir eses recursos nas necesidades reais dos seus veciños», subrayaron.
Desde el Partido Popular exigirán en el Congreso y el Senado la paralización de estas liquidaciones y la aclaración de los criterios técnicos y jurídicos empleados para extender estos cobros a convenios antiguos.
«Unha Administración pública ten que ser seria. Se cando se asinou o convenio e se executou a obra non existía esta taxa, o Goberno non pode inventar agora unha factura a posteriori. O Goberno de España ten que rectificar, respectar o asinado e non facer pagar aos veciños de Lugo a súa voracidade recadatoria», concluyeron.