El Grupo Provincial Popular aseguró que la Diputación de Lugo acatará la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la compra de una acción de Tragsa por parte de la institución provincial y las posteriores encomiendas de gestión a esta empresa pública. Según el PP, esta decisión implicará la reincorporación a la Diputación de los 16 trabajadores afectados, que pasarían a depender de nuevo de la entidad provincial a partir del próximo 1 de enero.
Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial Popular, atribuyó esta resolución al proceso judicial impulsado por su formación y por los propios trabajadores tras la decisión adoptada en 2019 por el gobierno provincial de PSOE y BNG. El PP sostiene que la compra de la acción de Tragsa y las encomiendas posteriores permitieron adjudicar trabajos a esta empresa pública sin pasar por un procedimiento ordinario de contratación y sin acuerdo plenario. Ameijide afirmó que «non tiñan outra opción que acatar a sentenza do Tribunal Supremo».
Los populares recuerdan que el juzgado contencioso-administrativo de Lugo les dio la razón en 2022, que la Diputación recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que el caso terminó en el Supremo. Según el PP, la sentencia 48/2026, de 22 de enero, estima sus pretensiones y anula las decisiones adoptadas por la institución provincial en relación con Tragsa. Ameijide defendió que el fallo «reforza o papel do Partido Popular como garante da legalidade» y enmarcó la reincorporación de los trabajadores como el cierre de una situación que, a juicio de su grupo, no debió producirse.
