Lugo da el primer paso para frenar la delincuencia en A Milagrosa con cámaras
"A seguridade cidadá é unha prioridade para este Goberno”, así de contundente fue Elena Candia, alcaldesa de Lugo, en la rueda de prensa que ofreció este viernes para informar de las nuevas medidas que el Concello implementará para “mellorar a convivencia e ofrecer á Policía Local máis medios para desenvolver o seu traballo con maior eficacia".
En esta línea, el Gobierno local recuperó la Mesa Permanente de Seguridad de la Policía Local como órgano de análisis y seguimiento de las incidencias en la ciudad, impulsó la incorporación de nuevos efectivos mediante la Oferta Pública de Empleo y las plazas de movilidad, con el objetivo de reducir los tiempos de incorporación de los agentes a la plantilla.
La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, anunció el inicio de los trámites para solicitar la autorización necesaria para instalar cámaras de videovigilancia en el entorno de los locales conflictivos de la zona de A Milagrosa. La iniciativa no responde a una decisión discrecional del Gobierno, sino que está avalada por los informes técnicos incorporados al expediente, elaborados por la Policía Local y la Policía Nacional, a los que se suma el informe emitido por la Asesoría Jurídica municipal.
En este sentido, el informe de la Asesoría Jurídica recoge expresamente que "dos informes que constan no expediente emitidos polos máximos responsables da Policía Nacional e Local despréndese a existencia dun repunte na actividade delictiva nalgunha zona concreta e identificada da cidade de Lugo e a necesidade e conveniencia da instalación de cámaras de videovixilancia como medida, en primeiro lugar preventiva en materia de seguridade cidadá e tamén como favorecedora da investigación dos feitos delituosos".
El mismo informe recuerda que esta actuación se encuentra regulada por la Ley Orgánica 4/1997, que contempla la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos para garantizar la convivencia ciudadana, el uso pacífico de los espacios públicos y la prevención de delitos e infracciones vinculadas a la seguridad pública. Además, precisa que: "non estamos ante unha simple videovixilancia patrimonial ou de edificios municipais, senón ante videovixilancia policial en espazo público", por lo que la instalación requiere la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno.
Por tanto, el Concello remitirá la solicitud a la Subdelegación del Gobierno, administración competente para tramitar y resolver esta autorización conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.
Elena Candia destacó que "o noso compromiso é seguir adoptando medidas útiles e eficaces para reforzar a seguridade cidadá e a convivencia, sempre con base en criterios técnicos, dentro da legalidade e dotando á Policía Local das ferramentas necesarias para desenvolver o seu traballo nas mellores condicións".