La Diputación defiende su red de residencias y reclama a la Xunta que asuma sus competencias
La Diputación de Lugo reivindicó este viernes su compromiso con la atención a las personas mayores y con la consolidación de una red pública de residencias de proximidad, especialmente pensada para el rural, frente a lo que considera “unha falta de resposta da Xunta de Galicia, administración competente en materia de servizos sociais e dependencia”.
El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, hizo este viernes balance de la situación de la red provincial y aseguró que “esta provincia necesitaba, e necesita, residencias públicas” y que la Diputación decidió asumir ese esfuerzo “porque había unha necesidade real no territorio e as persoas maiores de Lugo non podían quedar sen unha alternativa pública de proximidade”.
“Nós non miramos para outro lado”, señaló Rivera Capón, quien defendió que una persona mayor “debe poder recibir coidados públicos preto da súa casa, da súa familia e do seu concello”. La institución provincial cuenta actualmente con 9 residencias públicas en funcionamiento y cerca de 400 personas usuarias, mientras trabaja en otros 9 proyectos. Añadió que desde 2019 hasta 2026, la Deputación ha movilizado 47 millones de euros vinculados a la red residencial.
En el acto repasó la situación de los principales centros que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. En Becerreá, explicó que la institución provincial ha dado un nuevo impulso a la puesta en funcionamiento del centro con la licitación del equipamiento general por más de un millón de euros y la licitación de la cocina industrial, por cerca de 460.000 euros.
Asimismo, en A Pontenova, el organismo avanza en la finalización de la residencia de la mano de Tragsa y detalló el proceso administrativo desencadenado por los incumplimientos de la empresa, del que se informó con transparencia y claridad. En el caso de A Pobra do Brollón, los trabajos se encuentran en los últimos pasos para la certificación final de la obra; en Ourol, la licitación de la residencia está prevista para los próximos meses; en Cervantes, el proyecto está prácticamente finalizado; y en Guitiriz, la Deputación está trabajando para retomar las obras. “Non son anuncios: son expedientes, licitacións, obras e investimentos que están avanzando”, subrayó Rivera Capón.
El responsable del área de Promoción Económica y Social quiso aclarar especialmente la situación de la residencia de Folgoso do Courel. Explicó que se produce el cierre de un expediente administrativo porque ha terminado el plazo de cesión de la parcela a la Diputación y recordó que “foi o propio Concello de Folgoso, a través da súa Alcaldesa do PP, quen solicitou a reversión dos terreos”.
“Que se peche ese expediente non significa que desapareza a necesidade dunha residencia para Folgoso”, explicó. “Significa que a Deputación cumpre coa vontade expresada polo propio municipio, nun contexto no que existe ademais un compromiso da Xunta de Galicia para construír ese centro”.
Rivera Capón celebró que la Xunta asuma sus responsabilidades en este caso: “A Deputación leva anos facendo un esforzo extraordinario para manter e ampliar unha rede pública de residencias, mesmo nun ámbito no que as competencias corresponden á Xunta. Agora tamén lle corresponde á Xunta cumprir os compromisos que adquiriu”.
El responsable provincial destacó además el esfuerzo económico que supone mantener una red de este tipo para una administración como la Deputación. “Estamos levando ao límite a nosa capacidade para manter e ampliar unha rede que consideramos esencial para a provincia”, afirmó, reclamando también una mayor implicación de la Xunta. “Fronte aos 135 millóns de euros do orzamento provincial de 2026, a Xunta conta con 1.473 millóns de euros consignados para Promoción Social”, señaló.
Precios públicos y precios de referencia, una confusión intencionada
En la segunda parte de la comparecencia, el Diputado abordó la actualización de los precios públicos de los centros provinciales y criticó la “confusión interesada” que, a su juicio, está trasladando el PP. “Os 2.200 euros non son o que paga todo o mundo. Son un prezo de referencia”, aclaró.
La nueva ordenanza aprobada por la Diputación actualiza unos precios de referencia que permanecían sin revisar desde 2018 y establece que la participación de las personas usuarias se determine atendiendo a su capacidad económica y patrimonial. “Quen menos ten, menos paga; quen máis ten, máis contribúe”, resumió Rivera Capón.
Recordó que para calcular la capacidad económica no se tiene en cuenta únicamente la pensión, sino también los ingresos y el patrimonio, con mecanismos de protección para las personas con menor capacidad económica. Entre ellos, los primeros 10.000 euros en depósitos bancarios no computan en el cálculo establecido por la ordenanza.
El Diputado explicó que el coste efectivo de una plaza residencial se sitúa en 2.358,75 euros mensuales y que la actualización podía hacerse de dos maneras: estableciendo una misma aportación para todas las personas o repartiendo el esfuerzo según la capacidad económica. “Nós escollemos a segunda opción: un sistema progresivo que protexe máis a quen menos ten”, afirmó.
La actualización no significa que todo el mundo pague más
La jefa del servizo de Benestar Social e Igualdade, que acompañó al diputado en la comparecencia, explicó los aspectos técnicos del nuevo sistema y destacó que ninguna persona usuaria paga el 100% del coste efectivo de la plaza.
Precisó que el precio de referencia y el precio público que finalmente paga cada persona son conceptos diferentes: el primero sirve como referencia para determinar el coste y la participación en el servicio, mientras que la aportación concreta de cada usuario se calcula en función de su situación económica.
En este sentido, detalló que al 25% de las personas usuarias la actualización les supuso un incremento inferior a 60 euros mensuales y al 50%, de menos de 200 euros. La responsable del servicio explicó además que el cálculo tiene en cuenta la evolución de la situación económica de las personas usuarias. Por lo tanto, no se fija una cantidad inamovible sobre el patrimonio, sino que las variaciones en la capacidad económica pueden repercutir en el cálculo de la aportación. Así, una persona no tiene que recurrir a su familia ni pedir a terceros el dinero necesario para pagar su plaza: el sistema calcula su participación a partir de su propia capacidad económica y patrimonial líquida.