La Diputación defiende la legalidad del nombramiento cuestionado por el PP en el servicio de asistencia a concellos
La Diputación de Lugo defendió la legalidad del procedimiento seguido para incorporar a un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional al Servizo de Asistencia aos Concellos, después de las críticas formuladas por el grupo provincial del PP, que vinculó ese nombramiento con la condición de hijo del alcalde de Lugo. La institución provincial sostiene que la comisión de servicios fue autorizada por la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia mediante una resolución firmada el 16 de marzo y remarca que la plaza había sido publicada previamente sin que se presentasen otras solicitudes.
En su respuesta, la Diputación rechaza la interpretación del PP sobre el marco jurídico aplicable y sostiene que los populares realizan una lectura parcial de la normativa al centrar sus críticas en el artículo 55 del Real Decreto 128/2018. Frente a ello, recuerda que el reglamento del Servizo de Asesoramento e Asistencia Xurídica, Económico-Financeira e Técnica aos Concellos de la propia institución contempla expresamente la prestación de funciones reservadas a habilitados nacionales para cometidos circunstanciales. La administración provincial añade además que la necesidad de reforzar este servicio está documentada en un informe técnico del 18 de marzo, que concluye que el área disponía solo de dos funcionarios habilitados para atender las necesidades de toda la provincia.
La Diputación enmarca también la comisión circunstancial en Burela en una medida temporal solicitada por el propio Concello para evitar la paralización de la actividad municipal tras la incorporación del funcionario al organismo provincial. Sobre la referencia reiterada del PP a su vínculo familiar con el alcalde de Lugo, la institución subraya que se trata de un funcionario habilitado nacional que accedió al puesto por oposición libre estatal y sostiene que esa circunstancia no puede invalidar su trayectoria profesional. La administración provincial concluye que todo el proceso se desarrolló dentro de la legalidad y con autorización expresa de la Xunta.