El PP acusa al Gobierno de reclamar nuevas liquidaciones a concellos por obras hidráulicas ya ejecutadas
El PP de Lugo acusa al Gobierno central de reclamar a concellos de la provincia nuevas liquidaciones por actuaciones hidráulicas de saneamiento y abastecimiento ejecutadas al amparo de convenios que, según los populares, no contemplaban esas obligaciones económicas. Cristina Abades, diputada nacional, y José Manuel Balseiro, senador, sostienen que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil pretende repercutir ahora a los municipios costes que no figuraban en las condiciones iniciales de los acuerdos. Los representantes del PP consideran «especialmente grave» que las reclamaciones lleguen años después de la firma de los convenios y de la ejecución de las obras.
Los populares advierten de que estas liquidaciones pueden afectar a las arcas municipales y reducir recursos destinados a servicios, inversiones y necesidades vecinales. «O Goberno non pode acordar unhas obras cunhas condicións e, cando xa están feitas, inventar unha nova factura e obrigar aos concellos a pagala», señalaron Abades y Balseiro.
El PP mantuvo una reunión con los alcaldes de Baralla y Folgoso do Courel para analizar las reclamaciones recibidas y las actuaciones que impulsarán en defensa de los intereses municipales. Paralelamente, el grupo llevó el asunto al Congreso y al Senado para pedir al Gobierno que detalle cuántos convenios están afectados en la provincia, qué cantidades reclama o prevé reclamar y con qué fundamento jurídico.
En el caso de Baralla, los populares señalan que la Confederación reclama en 2026 cerca de 4.700 euros en concepto de Tarifa pola Utilización da Auga por las obras de construcción de un azud desmontable en el río Neira. Según el PP, el convenio firmado en 2020 establecía que la Confederación financiaría el 80% de la actuación y el Concello el 20% restante, ya liquidado, sin incluir la obligación de asumir esta tasa.
En Folgoso do Courel, la reclamación afecta a las obras de saneamiento del núcleo de Sobredo, financiadas al 100% por el organismo de cuenca, según los populares. El PP sostiene que el Concello alegó contra la imposición de una tarifa periódica durante 25 años y que la cantidad aprobada para 2026 ronda los 4.500 euros.
Abades y Balseiro reclaman que el Ejecutivo aclare a qué concellos pretende cobrar, por qué obras, qué porcentaje de la inversión quiere repercutir y si los convenios advertían expresamente a los ayuntamientos de esos pagos posteriores.