Antas de Ulla aprueba una ordenanza para proteger los caminos públicos frente a la actividad maderera

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El Concello de Antas de Ulla prepara una ordenanza que obligará a las empresas madereras a asumir los daños que ocasionen en los caminos y vías municipales durante las cortas de madera, garantizando así su conservación y un reparto justo de los costes

El Concello de Antas de Ulla ha iniciado el procedimiento para aprobar una ordenanza reguladora del uso común especial del dominio público local por las actividades extractivas de madera, con el objetivo de proteger los caminos y vías municipales frente a los daños derivados del tránsito pesado asociado a las cortas forestales.

Desde el gobierno municipal se aclara de manera expresa que "esta ordenanza non vai dirixida ás persoas propietarias nin ás vendedoras de madeira, senón ás empresas que realizan a corta, o transporte, o arrastre, o depósito e a carga da madeira. Se trata de actividades que implican un uso intensivo de las vías públicas y que, en numerosos casos, provocan desperfectos graves en el firme de los caminos municipales".

Tal y como recogen los informes técnicos y jurídicos municipales, el tránsito reiterado de vehículos pesados vinculados a la actividad maderera genera un deterioro que obliga al Concello a asumir gastos extraordinarios de mantenimiento, muy superiores a los costes ordinarios derivados del uso normal de las vías por parte de la vecindad. Estos gastos recaen actualmente sobre el conjunto de la ciudadanía, por lo que la ordenanza busca un reparto justo y equitativo de los costes, haciendo que quen provoca os danos asuma a súa reparación.

La futura norma, que entrará en vigor tras su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos de la actividad extractiva sobre el viario municipal. El objetivo es garantizar que, una vez finalizadas las cortas, los caminos y accesos queden en condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos y peatones, asegurando así el acceso a las aldeas, viviendas y explotaciones agrarias.

El procedimiento iniciado por el Concello incluyó una consulta pública previa, abierta a la participación de la ciudadanía y de las entidades potencialmente afectadas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. De este modo, el gobierno local apuesta por la transparencia, la participación y la buena regulación, recogiendo aportaciones antes de la redacción definitiva de la ordenanza.

Desde el ejecutivo municipal se subraya que esta iniciativa "non pretende frear a actividade forestal, senón compatibilizala co dereito da veciñanza a contar con infraestruturas públicas seguras e en bo estado, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade económica do Concello e a protección do dominio público local".

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