El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), con la colaboración de la Plataforma StopBiogás Abadín, convoca una charla informativa el próximo 22 de julio a las 21:30 h en el Local do Darío (Gontán) para trasladar a la vecindad información actualizada sobre los proyectos de plantas de biometano previstos en el municipio.
Al mismo tiempo, el SLG-CCLL solicita el archivo del procedimiento de autorización ambiental integrada de la planta de producción de biometano promovida por Crux Biomethane SL en Abadín (Lugo), al considerar que el proyecto no cumple los requisitos administrativos exigidos y que su tramitación debe detenerse.
La organización denuncia que el promotor no ha subsanado las deficiencias señaladas por la Administración, entre ellas la falta de información técnica necesaria, lo que genera inseguridad jurídica y afecta a los derechos de participación pública y protección ambiental de la vecindad.
El SLG-CCLL sostiene que Abadín, basado en un modelo de ganadería extensiva y familiar, no necesita este tipo de instalaciones y alerta de que el proyecto responde a un modelo de gran industria energética ajeno al rural gallego. También cuestiona la creación real de empleo, al señalar que los puestos directos previstos serían escasos y mayoritariamente especializados.
El sindicato advierte además sobre el origen y destino de los residuos: las plantas pretenden tratar unas 188.000 toneladas anuales, pero gran parte de los residuos procederían de fuera del municipio, mientras que los subproductos generados (digestato) permanecerían en la zona. Según sus cálculos, esto supondría un incremento del tráfico de camiones y un impacto sobre la calidad de vida, el entorno y el Camino de Santiago.
Por todo ello, el SLG-CCLL reafirma su oposición al proyecto y reclama un modelo energético vinculado a las necesidades del territorio, defendiendo el medio ambiente, el rural gallego y la actividad de las pequeñas explotaciones ganaderas. El sindicato recuerda también que experiencias similares en otras comunidades, como Catalunya a comienzos de los 2000, acabaron cerradas, y considera que estos proyectos responden a intereses de la gran industria energética y no a las necesidades del rural gallego.
